La Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi, desarticulando una red de corrupción dentro de la institución policial. El caso, denominado “Depuración Azul”, resultó en la detención de nueve personas, incluyendo varios uniformados, acusados de sustraer armas y municiones del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística para venderlas a grupos de delincuencia organizada.

La operación se llevó a cabo la madrugada de este jueves, 3 de julio de 2025, tras meses de investigaciones por delincuencia organizada.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de dotación policial, municiones, teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán analizados como parte de la investigación. Según la Fiscalía, los detenidos, entre los que se encuentran transportistas que habrían facilitado la entrega de los arsenales a bandas criminales, enfrentarán cargos por delincuencia organizada, un delito que podría acarrear penas de hasta siete años de prisión, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Uno de los principales puntos de operación fue el Departamento de Almacenamiento de la Policía, donde se presume que los uniformados extraían el material para su comercialización ilegal.

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Este caso agrava la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde la proliferación de armas en manos de grupos delictivos ha contribuido al aumento de la violencia, especialmente en provincias como Guayas, que registró un incremento del 153% en homicidios en 2024, según datos oficiales. La Fiscalía destacó que la venta de armamento oficial a bandas criminales representa un grave riesgo para la seguridad nacional y la institucionalidad, subrayando la necesidad de depurar las fuerzas del orden para combatir la corrupción interna.

Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la red y la posible implicación de otros actores. La Fiscalía ha asegurado que actuará con rigurosidad para garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, el caso “Depuración Azul” ha generado preocupación en la ciudadanía y renovado los llamados a fortalecer los controles internos dentro de la Policía Nacional, en un contexto de creciente inseguridad en el país.



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