La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este martes la imposición de un toque de queda en un área de una milla cuadrada del centro de la ciudad, desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. hora local (03:00 GMT a 13:00 GMT), en respuesta a cinco días de protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han derivado en vandalismo y saqueos. La medida, acompañada de la declaración de un estado de emergencia local, busca frenar los disturbios que han dejado al menos 23 negocios saqueados y más de 200 arrestos desde el viernes, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
“He declarado un estado de emergencia local y un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y los saqueos. Si no vive o trabaja en el área, evite la zona”, afirmó Bass en una conferencia de prensa transmitida por Fox News. La alcaldesa señaló que las protestas, inicialmente pacíficas, se han concentrado en el centro, cerca de edificios federales como el Centro de Detención Metropolitano, pero han escalado con actos violentos, incluyendo el incendio de vehículos, grafitis en edificios públicos y agresiones a agentes. El jefe de policía, Jim McDonnell, reportó que 96 personas fueron arrestadas el lunes por no dispersarse, además de 14 por saqueo y una por agresión con arma mortal.
El toque de queda, que estará vigente desde la noche del 10 de junio hasta la mañana del 11 de junio, podría extenderse varios días, según Bass, quien aclaró que no se aplica a residentes, trabajadores ni medios acreditados en la zona delimitada entre las autopistas 5, 110 y 10. La medida responde a la intensificación de las protestas tras las redadas de ICE, que detuvieron a 150 migrantes, y al despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump, una acción criticada por Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, como “innecesaria” y “política”. Bass aseguró que la situación no refleja un “caos generalizado” en la ciudad de 4 millones de habitantes, sino que se limita a un área específica.
Las protestas han generado tensiones entre manifestantes, que denuncian abusos en los operativos migratorios, y las fuerzas de seguridad, que han utilizado gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar multitudes. La alcaldesa condenó la violencia, afirmando que los responsables enfrentarán “todo el peso de la ley”, mientras instó a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta sin recurrir al vandalismo. La situación sigue siendo volátil, con nuevas manifestaciones previstas y una audiencia judicial programada para el jueves sobre la legalidad del despliegue de la Guardia Nacional, mientras California busca revertir la orden federal.
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