Una jueza penal de Manta, Zoila Vélez, ordenó la incineración de evidencias recolectadas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros, y varios de sus familiares. La decisión, ejecutada el 12 de febrero de 2025, incluyó la destrucción de computadoras, celulares, documentos, escrituras de bienes, talonarios de facturas, un título académico y una copia del registro de matrimonio con Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, según consta en el expediente judicial.
La solicitud para destruir las evidencias fue presentada el 27 de enero de 2025 por el custodio de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional, argumentando que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite incinerar material no considerado de interés pericial tras tres meses si la Fiscalía General del Estado (FGE) no dispone lo contrario. La jueza otorgó 72 horas a las partes procesales, incluida la FGE, para pronunciarse, pero al no recibir objeciones, autorizó la incineración, según un informe de Primicias y publicaciones en X de @EcuavisaInforma.
Aunque el procedimiento fue legal, la decisión ha generado cuestionamientos debido a la relevancia de “Fito”, prófugo desde enero de 2024 y considerado uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Ecuador. Fuentes judiciales aseguraron a El Universo que las evidencias fueron peritadas antes de su destrucción, y su contenido quedó registrado en el proceso penal iniciado contra los familiares de Macías, investigados por mover USD 24 millones entre 2016 y 2024. Sin embargo, la incineración de elementos como computadoras y documentos societarios ha levantado dudas sobre la transparencia del manejo del caso.
El “Caso Blanqueo Fito”, que incluye la detención de seis familiares de Macías el 2 de junio de 2025 en el operativo “Centinela 6”, sigue en etapa de instrucción fiscal. La destrucción de las evidencias, amparada en el artículo 568 del COIP, no afecta directamente la investigación en curso, según la FGE, pero ha intensificado el debate sobre los procedimientos judiciales en casos de alto perfil. Organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo han exigido mayor claridad, mientras la ciudadanía de Manabí, afectada por la violencia de Los Choneros, observa con preocupación el desarrollo del proceso.
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