La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó este miércoles una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que requiera a la jueza Daniella Camacho la prohibición de salida del país de la exasambleísta Esther Cuesta, en el marco del caso “Ligados”. Esta medida cautelar busca garantizar la presencia de Cuesta en el proceso judicial por presunta asociación ilícita, relacionado con una supuesta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El asambleísta Andrés Castillo, vocero de ADN, explicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite a la Fiscalía ejecutar actos urgentes para preservar evidencias o impedir la consumación de un delito. “Esther Cuesta dejó de ser asambleísta el 13 de mayo, por lo que ya no tiene fuero. Queremos evitar casos como el de Augusto Verduga, quien salió del país y dificultó un proceso judicial,” afirmó Castillo. El legislador aclaró que no se trata de una orden de detención, sino de una “medida precautelatoria” para prevenir una posible evasión.
La solicitud llega un día después de que la Asamblea Nacional, con 78 votos, declarara improcedente el pedido de la jueza Camacho para levantar la inmunidad parlamentaria de Cuesta, al confirmar que ya no es legisladora. Esto permite a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) proceder directamente contra ella sin autorización legislativa. La audiencia de vinculación en el caso “Ligados”, donde Cuesta, Andrés Arauz y Raúl González enfrentarán cargos por presunta asociación ilícita, está programada para el 4 de junio a las 09:00.
Contexto del caso Ligados El caso “Ligados”, iniciado el 15 de marzo de 2025, investiga una presunta red de influencias liderada por exconsejeros del CPCCS, como Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos, junto a la consejera Nicole Bonifaz, para controlar instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura en beneficio del movimiento Revolución Ciudadana (RC). La Fiscalía, a cargo del fiscal general encargado Wilson Toainga, sustenta la acusación con chats y audios extraídos del celular de Verduga, que vinculan a Cuesta con maniobras para retrasar la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, favoreciendo a González.
Castillo enfatizó que la acción de ADN no busca persecución política: “Estamos cumpliendo con la ley y respondiendo a la demanda ciudadana de luchar contra la corrupción.” Sin embargo, la solicitud ha generado reacciones en redes sociales, con sectores de RC denunciando un intento de “criminalizar” a sus líderes. Cuesta, quien se encuentra en Italia desde el 9 de mayo, no se ha pronunciado, mientras que Arauz, desde México, ha calificado el proceso como “persecución política.”
Implicaciones y próximos pasos La solicitud de prohibición de salida del país, si es aceptada por la jueza Camacho, limitaría los movimientos de Cuesta y garantizaría su comparecencia en la audiencia del 4 de junio, un paso clave antes de que culmine la instrucción fiscal el 13 de junio. La acción de ADN refleja el esfuerzo del gobierno de Daniel Noboa por cerrar posibles vías de fuga en casos de alto perfil, en un contexto de creciente polarización política.
El caso “Ligados” continúa avivando el debate sobre la transparencia en las instituciones estatales y la lucha contra la corrupción en Ecuador. La resolución de la solicitud de ADN y los resultados de la audiencia serán determinantes para el futuro de Cuesta y el desarrollo de esta investigación, que ha captado la atención nacional.
Comentarios