La dinámica política en Ecuador se tensa a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 13 de abril. Si el presidente Daniel Noboa solicita licencia sin sueldo para participar en la campaña electoral como candidato a la reelección por Acción Democrática Nacional (ADN), la vicepresidenta Verónica Abad sería, según la Constitución, la única facultada para reemplazarlo temporalmente en la Presidencia, incluso estando en Turquía, donde cumple funciones diplomáticas desde el 17 de marzo como consejera temporal en la Embajada ecuatoriana en Ankara.
El artículo 149 de la Constitución establece que “el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República reemplazará al Presidente o Presidenta en caso de ausencia temporal o definitiva”. Esto implica que, de pedir Noboa licencia —como lo exige el artículo 115 del Código de la Democracia para garantizar igualdad en la contienda electoral—, Abad asumiría el cargo automáticamente, sin necesidad de autorización adicional ni de estar físicamente en Ecuador, según expertos constitucionalistas. Sin embargo, su traslado a Turquía, ordenado por el Decreto 490 del 23 de diciembre de 2024, ha sido interpretado por Abad como un intento de alejarla del poder, mientras Noboa busca evitar delegarle funciones durante su campaña.
Paralelamente, un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pone en riesgo la capacidad de Abad para ejercer la Vicepresidencia. El 26 de febrero de 2025, el juez Guillermo Ortega suspendió por dos años los derechos políticos de Abad tras una denuncia de violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. La sanción, que incluye una multa de $14,100 y la obligación de ofrecer disculpas públicas, fue apelada por la defensa de Abad ante el Pleno del TCE, que aún no ha emitido un fallo definitivo al 19 de marzo. De ratificarse, esta suspensión le impediría participar en actividades políticas, incluyendo asumir la Presidencia, lo que generaría un vacío institucional en caso de licencia de Noboa.
La pugna entre ambos mandatarios se intensificó tras la derogación del Decreto 494 el 17 de marzo, que había designado a Cynthia Gellibert como vicepresidenta interina. Este cambio, coincidente con la llegada de Abad a Turquía, no resuelve la incertidumbre: si el TCE inhabilita a Abad y Noboa no pide licencia, la Corte Constitucional podría intervenir, como lo hizo en enero de 2025 al declarar inconstitucional que Noboa delegara funciones sin ausentarse formalmente durante la primera vuelta. Mientras tanto, el país observa cómo este conflicto podría alterar el equilibrio de poder en plena recta final electoral.
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