La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, anunció que iniciará un proceso de fiscalización sobre la adquisición y calidad de los chalecos y cascos utilizados actualmente por los militares ecuatorianos. La investigación, que se llevará a cabo de manera reservada, responde a cuestionamientos surgidos en las últimas semanas sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de estos equipos de protección, esenciales para las operaciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
Inés Alarcón, representante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), confirmó que la mesa legislativa convocará a comparecer a las autoridades del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) en los próximos días, junto con otros actores relevantes del proceso de adquisición. “El objetivo es esclarecer cada etapa de la contratación y verificar la idoneidad de los equipos entregados a nuestros militares”, afirmó Alarcón, subrayando que la reserva de la investigación se fundamenta en la sensibilidad de la información técnica y operativa, cuya divulgación podría comprometer la seguridad nacional.
El proceso de fiscalización se originó tras denuncias públicas, difundidas a finales de febrero en redes sociales, que señalaban que el Ministerio de Defensa habría adquirido chalecos y cascos de nivel IIIA a la empresa estadounidense High-End Defense Solutions LLC por un monto de USD 34.2 millones, sin que estos equipos cumplieran con los estándares internacionales necesarios para proteger a los uniformados frente a diversos tipos de munición. Estas acusaciones fueron desmentidas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien compareció ante la Comisión este viernes en una sesión declarada reservada y aseguró haber proporcionado toda la documentación pertinente para garantizar la legitimidad de la compra.
Alarcón explicó que, una vez concluido el análisis y las comparecencias, la Comisión elaborará un informe detallado que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, también bajo carácter reservado, conforme a los artículos 190 y 191 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Este procedimiento busca evitar que información sensible, como las especificaciones técnicas de los equipos, sea utilizada en detrimento de las operaciones militares en curso.
La decisión de mantener la investigación bajo reserva ha generado debate entre los legisladores. Mientras el oficialismo defiende la medida como una necesidad estratégica, sectores de la oposición, como la bancada de Revolución Ciudadana, han cuestionado la falta de transparencia y han intentado llevar el caso a otras comisiones, como la de Justicia, lo que ha sido rechazado por Alarcón por contravenir el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe la duplicidad de fiscalizaciones.
El proceso continuará con nuevas comparecencias en los próximos días y una posible visita en territorio para verificar el estado y funcionalidad de los chalecos y cascos entregados a las Fuerzas Armadas, reafirmando el compromiso de la Comisión de Seguridad con la protección de los militares y la correcta administración de los recursos públicos.
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